En España, existen 1.498.900 personas en edad de trabajar que tienen reconocido algún tipo de discapacidad. A pesar de ser un reconocido colectivo vulnerable, las tasas de desempleo de estas personas se sitúan 9 puntos por encima de las personas sin discapacidad reconocida (fuente); lo que nos esboza con claridad la necesidad de acometer mejoras en las políticas activas de empleo y protección a este colectivo.
Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal, existen con el colectivo dos asignaturas pendientes como son el autoempleo y la participación en otros sectores distintos al de servicios, donde se concentra casi el 82% de las contrataciones a discapacitados.
Pese a esta realidad, la buena noticia es que el empleo entre el colectivo de discapacitados crece y la tasa de desempleo se situa actualmente en el 24%, con un total de 359.736 personas discapacitadas en situación de desempleo. Aún superando como decíamos anteriormente en casi 10 puntos las tasas de desempleo de personas sin discapacidad, es evidente que supone un cambio en la tendencia y un dato que llama al optimismo a la hora de pensar en que se cumplirá el objetivo de integración que provocó la firma del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) sobre medidas para mejorar las oportunidades de empleo de las personas con discapacidad allá por 2002, y cuyo camino culminó este año con la puesta en marcha de la Ley General de Discapacidad.
Dentro de las medidas contempladas en la nueva LGD para el fomento del empleo entre el colectivo de discapacitados se encuentran las cuotas de reservas que dictan, por ejemplo que las empresas públicas y privadas que empleen un número de trabajadores fijos que exceda de 50 estarán obligadas a emplear un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2 %, salvo convenio colectivo o voluntad del empresario, siempre que se apliquen medidas alternativas.
¿De qué medidas alternativas nos hablan? Estas empresas pueden realizar un contrato mercantil o civil con un Centro Especial de Empleo o con un trabajador autónomo con discapacidad (para el suministro de bienes, o para la prestación de servicios ajenos).
El compromiso de integración de Coolaboro, donde casi la totalidad de nuestra plantilla está formada por personas con alguna discapacidad, pone a disposición de las empresas interesadas sus servicios con el objetivo de Integrar para avanzar en una vida plena de derechos para el colectivo de discapacitados.
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